Hechos
El 10 de agosto, la gobernadora Maura Healey promulgó la ley H.5595 (“Ley que Prioriza el Acceso a la Atención [médica]”, que modificó sustancialmente la legislación estatal aplicable a los abortos, para hacerlos accesibles hasta la terminación del embarazo, cuando así lo determine un médico.
El marco jurídico anterior limitaba los abortos posteriores a las 24 semanas a determinadas circunstancias relacionadas con la vida o la salud de la madre, así como a ciertos diagnósticos fetales graves, y lo sustituyó por un criterio que permite realizar un aborto cuando así lo determine el médico según su “juicio profesional”.
Las motivaciones que fueron expresadas públicamente por Christine Barber (legisladora demócrata estatal) durante el debate de la iniciativa, incluyeron: ampliar el acceso a la atención médica para casos excepcionales, restaurar la discreción médica, evitar que los pacientes salgan del estado, reforzar el acceso al aborto después de que la Suprema Corte Federal anuló el derecho constitucional al aborto en junio 2022.
La gobernadora Healey señaló que muchos estados (13) habían restringido el acceso al aborto y presentó su promulgación como “parte de una estrategia para mantener a Massachusetts como uno de los estados con mayores protecciones para el acceso a servicios reproductivos”.
Debate Legislativo
Durante el debate, destacó el testimonio de Kate Dineen, quien relató que a las 33 semanas de embarazo recibió el diagnóstico de que su hijo había sufrido un derrame cerebral en el útero y podía morir o sobrevivir con discapacidades profundas. Según su relato, la legislación vigente en ese momento no permitía una terminación legal en Massachusetts, por lo que tuvo que trasladarse fuera del estado.
La ley de Massachusetts es otro episodio de la guerra cultural estadounidense. Sus partidarios la describen como una reforma compasiva, médicamente necesaria y coherente con la realidad de la práctica clínica moderna. Sus opositores la consideran una eliminación de las últimas protecciones legales significativas para los niños por nacer en etapas avanzadas de gestación y acusan la eliminación de criterios objetivos de la ley, que debilita necesariamente la protección jurídica de la vida fetal.
Casos médicos “trágicos y extremos” para justificar la nueva ley: Según datos citados por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts, se realizaron 99 abortos después de las 24 semanas en 2024, frente a 84 en 2023. Los procedimientos después de las 24 semanas representan una fracción muy pequeña del total de abortos realizados. Los opositores argumentan que estos datos no pueden demostrar que la mayoría de esos procedimientos respondan a circunstancias médicas graves.
Debate Moral
Ambos apelan a la dignidad humana. Ambos invocan la compasión. Sin embargo, sus conclusiones son radicalmente distintas.
La preocupación de fondo es que el sufrimiento, por real y devastador que sea, no puede justificar la eliminación deliberada de una vida humana inocente. San Juan Pablo II expresó esta idea en Evangelium Vitae, donde reconoció que las decisiones relacionadas con el aborto pueden surgir de circunstancias “serias y trágicas”, pero sostuvo que tales circunstancias nunca pueden justificar la muerte deliberada de un ser humano inocente.
La cuestión central no es si la compasión es necesaria, ¡claro que lo es! La cuestión es si la compasión puede legitimar una acción que conduce a la muerte de un ser humano.
Los críticos serios de la ley no se limitan a afirmar que el aborto es inmoral. Presentan objeciones específicas.
- Las 24 semanas coinciden aproximadamente con el período en que muchos fetos tienen posibilidades reales de sobrevivir fuera del útero gracias a los avances de la medicina neonatal. Cuanto más cercano está un niño al nacimiento, argumentan, mayor debería ser el interés del Estado en proteger su vida.
- La expresión “juicio profesional del médico” es excesivamente amplia. Argumentan que la ley ya no contiene límites claramente definidos y que, en la práctica, deja decisiones de enorme trascendencia moral en manos de criterios individuales.
- Algunos defensores de los derechos de las personas con discapacidad sostienen que ampliar las posibilidades de aborto cuando existe un diagnóstico grave puede transmitir el mensaje de que ciertas vidas tienen menos valor que otras.
- Existe un temor fundado en que la desaparición de límites específicos termine diluyendo la diferencia entre situaciones médicas verdaderamente extraordinarias y decisiones tomadas en etapas muy avanzadas del embarazo.
Estas preocupaciones merecen ser consideradas seriamente, incluso por quienes apoyan la legislación.
Los defensores de la ley tienen razón al recordar que algunas familias enfrentan circunstancias extraordinariamente dolorosas y que la ley puede agravar ese sufrimiento cuando es demasiado rígida. Los opositores tienen razón al recordar que los avances médicos han acercado a muchos fetos a la posibilidad real de sobrevivir fuera del útero y que ello plantea preguntas difíciles sobre la protección jurídica que merecen.
Marcos Jurídico y Moral deben coincidir cuando se trata de la vida humana
Los obispos católicos de Massachusetts aplicaron este principio a la ley H.5595 al calificar la eliminación de los límites legales al aborto tardío como “una medida radical” y “gravemente inmoral” (29-julio-2026). Al mismo tiempo, insistieron en la necesidad de acompañar a las mujeres y familias que enfrentan embarazos difíciles y experiencias relacionadas con el aborto.
La enseñanza católica es clara y contundente: “La dignidad humana no depende de la viabilidad, de la independencia física, de la etapa de desarrollo, de la discapacidad, del nivel de conciencia o de la calidad de vida esperada. La dignidad deriva de la condición de ser humano; no de poseer capacidades determinadas.”
Lo que debería unir a ambos lados es el reconocimiento de la gravedad de la decisión en juego. Una sociedad que trivializa la vida humana empobrece su conciencia moral y corroe el bien común.
