La Corte del acordeón destapa su agenda: Hacia el suicidio asistido por decreto

La máscara de la “Corte del pueblo” ha terminado de caer. Bajo la presidencia del ministro Hugo Aguilar Ortiz, y por una mayoría de votos que obedece a consignas ideológicas y no a la verdadera justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido asumir la competencia para resolver el fondo sobre la eutanasia en México (solicitud 98/2026). Mientras el país se desangra en una crisis de violencia sin precedentes, desabasto crónico de medicamentos y el dolor de miles de madres buscadoras que son ignoradas por el Estado, los ministros han decidido que su prioridad es legislar para aumentar el número de muertos en el país.

No nos engañemos: esta Corte tiene una agenda de descarte perfectamente marcada. Ya avanzaron de forma atroz contra los más inocentes con el aborto en Tamaulipas y pretendieron abrir las puertas a la confusión de las infancias trans. Hoy, utilizando el caso de una tanatóloga diagnosticada con cáncer para sensibilizar el debate, los ministros preparan el terreno para declarar inconstitucional la Ley General de Salud y los Códigos Penales que protegen la vida humana en su etapa terminal.

Los argumentos activistas de la Corte

Los argumentos vertidos en el pleno por los ministros delatan que no actúan como jueces constitucionales, sino como operadores de una ingeniería social que desprecia la dignidad humana. El ministro Arístides apresuró el paso citando el “derecho comparado” de países como Colombia, Suiza o España para justificar que el debate debe “constitucionalizarse”. Lo que no dice es que esos países hoy enfrentan crisis éticas profundas donde el suicidio asistido se convirtió en la salida rápida para que el Estado se ahorre tratamientos médicos costosos.

Por su parte, el ministro Irving Espinosa y el ministro Giovanni celebraron el caso como una “oportunidad de brindar un criterio novedoso”, desmenuzando cómo la quejosa busca el derecho a decidir “cómo y cuándo concluir su ciclo de vida”. Detrás de este lenguaje técnico sobre el “interés legítimo” para combatir las normas penales que sancionan el auxilio al suicidio, se esconde la perversión más grande: legalizar que los médicos, cuya vocación primordial es curar, se conviertan en los verdugos de sus propios pacientes.

En un México donde los hospitales públicos carecen de paracetamol, quimioterapias y condiciones dignas para los enfermos terminales, la Corte pretende disfrazar de autonomía lo que en el fondo es un abandono estatal absoluto.

Incluso la ministra Loretta Ortiz dejó en claro la línea radical de este tribunal al cuestionar si el Estado puede imponer “como única opción la muerte natural”. Es el colmo del cinismo. En lugar de garantizar cuidados paliativos eficientes y un sistema de salud digno, el máximo tribunal del país prefiere allanar el camino administrativo hacia la muerte provocada.

La traición a la voluntad popular y el negocio de la muerte

Nos vendieron la idea de que una Corte electa por voto popular escucharía los verdaderos sentimientos de la nación. Es una falsedad absoluta. Los mexicanos no están pidiendo que el gobierno los ayude a morir; exigen seguridad, justicia y un sistema de salud pública que funcione. Como lo hemos denunciado anteriormente, el senador de Morena, Emmanuel Reyes, ya dejó clara la visión del oficialismo: es más barato matar a los enfermos que mantenerlos en tratamiento. Esta Corte del acordeón solo está pavimentando el camino legal para esa barbarie económica. Por su parte la activista Samara Martínez cuentan con el respaldo de políticos de todos los partidos, con exposiciones a favor del suicido en el metro de la CDMX y con espacios en decenas de podcast y programas para promover la ideología de la muerte.

Ahora se suma la SCJN para empujar un culto a la muerte y al descarte. Quieren que los ancianos, los enfermos y los vulnerables sean vistos como cargas desechables para el presupuesto público.

Un llamado urgente a la resistencia ciudadana

La familia se protege y toda vida humana es digna desde la fecundación hasta su fin natural. No podemos permitir que nos sometan a este suicidio asistido por decreto judicial. Si la Corte decide legalizar la eutanasia, estará firmando la sentencia de muerte de la solidaridad social y abriendo la puerta a que la presión médica y familiar obligue a los más débiles a pedir el fin de sus vidas por el simple hecho de “no ser una carga”.

Hacemos un llamado urgente a la sociedad civil organizada y a los miles de ciudadanos que participan en plataformas como Actívate para despertar ante este nuevo atropello. Tenemos que presionar con firmeza, inundar el debate público con la verdad y exigir que se respete la vida. Si esta Corte electa dice representar al pueblo, es momento de recordarle de manera contundente cuál es la verdadera voluntad popular: ¡Queremos salud, queremos vida y con nuestra dignidad no se juega!