La Semana Santa es el momento más importante del Calendario Litúrgico para los católicos y eso incluye a millones de mexicanos. En nuestro país, durante este tiempo, la fe sale a las calles mediante procesiones y viacrucis. Estos actos de piedad forman parte fundamental de nuestra cultura. Sin embargo, el Ayuntamiento de Tijuana ve la devoción popular como una oportunidad de facturación, pues la Subdirección de Asuntos Religiosos lanzó un ultimátum bajo el disfraz de “certeza jurídica”. Las asociaciones religiosas deben gestionar y pagar permisos con 15 días de anticipación. Estamos ante un “cobro de piso” institucionalizado contra la libertad religiosa.
¿Coordinación o extorsión gubernamental?
Nadie niega la necesidad de coordinar eventos multitudinarios con Protección Civil. Las autoridades deben colaborar para que los ciudadanos ejerzan sus derechos con seguridad. Pero el gobierno de Tijuana invirtió los papeles. La autoridad ya no sirve al ciudadano; ahora se sirve de ellos y de sus creencias para llenar las arcas municipales.
Instrumentalizar la fe para fines recaudatorios es indignante. La libertad de culto no es negociable ni puede estar sujeta a cuotas estatales. Los burócratas prácticamente están dejando claro que si no tienes tiempo para sus trámites ni el dinero para pagarlos, no tienes derecho a celebrar tu fe. Este es un ataque directo a la economía de las parroquias y comunidades religiosas. Ahora hay que pagar derecho de piso para poder llevar a cabo las celebraciones más importantes de la Semana Santa.
Ciudadanos de segunda ante un Estado hostil
En los últimos años, varios gobiernos en México han intentado censurar a los católicos. Han financiado obras blasfemas con recursos públicos mientras pretenden cobrarnos para ejercer nuestro derecho humano a la libertad religiosa. Nos tratan como ciudadanos de segunda clase. Nos obligan a pagar un “impuesto a la fe” mientras el gobierno descuida la seguridad básica. Parece ahora que los católicos son instrumentalizados, pues se les ofende desde los diversos ordenes de gobierno, pero se les cobra por el solo hecho de existir y expresar las creencias más profundas de su corazón.
La Semana Santa genera una derrama económica importante en la región. Parece que los encargados de asuntos religiosos quieren su propia “tajada”. Es un descaro absoluto querer facturar con las tradiciones de los mexicanos. Esto no es regulación; es una extorsión a la conciencia de un pueblo que desea vivir su fe en libertad. La libertad religiosa no es una concesión del Estado ni una mercancía; es un derecho humano que ninguna oficina municipal puede convertir en tramite o cobro.
La soberanía de la fe se defiende
La plataforma Actívate ya inició una campaña nacional de firmas contra este ataque, que puedes firmar dando clic aquí. No podemos permitir que este precedente se extienda a otras ciudades. La libertad religiosa no es un derecho que se adquiere pagando cuotas burocráticas desde las oficinas municipales, que ahora ven signos de pesos en una procesión. La fe es un espacio sagrado que el autoritarismo no debe tocar.
Hacemos un llamado a los fieles y líderes religiosos: no se dejen amedrentar. El Estado tiene la obligación de facilitar el culto público, no de lucrar con él. Defender la celebración de la pasión de Cristo es defender la libertad de todos los mexicanos. ¡Con nuestra fe no se factura!
