Para evitar (o dificultar al menos) la dictadura, el absolutismo de un jefe de Estado, o de su grupo en el poder, un sistema democrático de gobierno requiere el llamado equilibrio de poderes, que haya contrapesos. ¿Cómo se logra esto?
Se logra separando al gobernante de quienes hacen las leyes, y a ambos de quienes juzgan su aplicación. Entonces, tenemos un poder ejecutivo que gobierna por mandato de sus electores, un poder legislativo electo también, que hace las leyes, y que eventualmente puede aprobar o no ciertas decisiones ejecutivas y por último un poder judicial, encargado de vigilar y dictar sentencias sobre la posible violación a la estructura legal vigente.
A nivel federal, en México existen esos tres poderes, que en teoría se equilibran entre sí. Pero como en otras naciones, en este país se han ido creando otros centros de poder, que se suponen independientes, que pueden también tomar ciertas decisiones, y que se dice son “ciudadanizados”. Como el INE.
Pero por muchas evidencias, la ciencia política, y hasta el saber popular, se agregan otros centros de influencia en las decisiones tomadas por los tres poderes mencionados. Así, se habla de un “cuarto poder”: ¡la prensa! (ahora “los medios de comunicación”). Y aún hay más…
Ese “más”, son los llamados “poderes fácticos”, es decir personas, o grupos de ellas que, en base a sus dineros o red de relaciones, tiene una facultad meta-legal para influir en la toma de decisiones de los mismos tres poderes constitucionales. Fácticos, porque lo son “de hecho”, de facto. También hay poderes fácticos por su capacidad de movilización social, que pueden llegar a trastocar el orden público.
En México hay de todo eso, y el real equilibrio de poderes se da cuando ninguno de ellos puede suprimir o someter a los demás. En la práctica, el deseado equilibrio raramente se mantiene, y los diversos centros de poder influyen momentánea o temporalmente sobre los demás.
¿Cuál es el verdadero problema que amenaza a una democracia como la mexicana? El mismo que ya se ha concretado en etapas de la historia del país, y en otras naciones. Que un grupo político, o militar, o financiero, o religioso, o una combinación de ellos, tenga presencia en varios de los centros de poder, y que de hecho se convierta en EL centro de poder, el que domina a todos los demás.
Entonces es cuando una sociedad cae en la dictadura, en el absolutismo del poder. Es lo peor, desde el punto de vista del bien común, que le puede pasar a una nación. Los ciudadanos, los que tienen influencia pública y los llamados “de a pie”, tienen la obligación moral de vigilar que eso no suceda. Y tomar acciones.
Estas reflexiones nos llevan a la situación actual de México y la amenaza de llevar al poder ejecutivo a quien, a su vez, tenga suficiente poder, no autoridad legítima, de hacer desde su silla (trono) lo que le venga en gana, en connivencia con quienes detentan los poderes federales legislativo y judicial, ya que forman una misma organización, partido, hermandad, o como se le quiera llamar.
López Obrador busca eso precisamente, ser presidente, y que el electorado vote por candidatos a legisladores que le son afines y le serían sumisos, para que le aprueben lo que decida enviarles. Es como el viejo PRI, aunque se procuraba cubrir las formas y no abusar (mucho) de esa potestad ejecutiva meta-legal.
Andrés Manuel, abiertamente, está pidiendo votar por los candidatos de Morena, tanto para el Congreso de la Unión como para las legislaturas locales. Lo más grave, es que muchas de sus ofertas de gobierno son contrarias al bien común del país, y quiere que le sean aprobadas en automático en los congresos.
De parte del futuro Congreso de la Unión, pretende que le aprueben sus propuestas de presupuestos de ingreso y egresos, y que se cambien muchas de las leyes, y que, como dice, se echen abajo las reformas constitucionales aprobadas por la anterior legislatura federal.
Ha dicho que intentará que se dé marcha atrás a todas (sí, a todas) las reformas constitucionales que se le han hecho en un siglo, a la Constitución General de 1917. A ese grado de irracionalidad.
Para que eso no suceda, los ciudadanos deberían votar por los candidatos, todos, que mejor se vean como procuradores del bien común, no al servicio de alguien. O al menos, hacer lo que se conoce como “voto diferenciado”, es decir, un ejecutivo federal de un partido, ejecutivos locales de otro y legisladores de otros más.
No es ningún secreto que la mayoría de los mexicanos está preocupada porque el grupo de López Obrador llegue a controlar suficientes cargos en los poderes federal y locales, para implantar su más que cuestionada oferta de gobierno. Cuando Andrés Manuel y sus seguidores dicen que tendrán mayoría por todas partes, para hacer eso, esto se convierte en real amenaza nacional.
Y algo peor aún, una buena parte de los centros fácticos de poder y de medios de comunicación, se le van rindiendo por adelantado, por si gana. Siguen el dicho popular que el miedo no anda en burro. Si los medios de comunicación, y diversos poderes económicos y sindicales lo respaldan y someten, por miedo a represalias, Andrés Manuel podría hacer lo que le venga en gana.
Y no se puede olvidar su claro autoritarismo, su negación a escuchar, y el fanatismo abierto de sus principales colaboradores. ¿Y el poder judicial federal? Ya ha mostrado que sentencia lo que le viene en gana, en especial la Suprema Corte de Justicia, que ha llegado a decidir en contra de la Constitución. Esa que dice guardar. Le sería sumisa, como ya lo ha sido antes.
