A partir del diálogo con la Dip. Annia Gómez y Samuel Adrián, Hazte Sentir abre una reflexión necesaria sobre libertad, verdad, plataformas digitales, protección de menores y responsabilidad ciudadana.
El pasado 20 de agosto, Hazte Sentir realizó la transmisión en vivo “¿Censura o protección? La libertad de expresión a debate”, con la participación de la diputada federal Annia Gómez, el comunicador Samuel Adrián y Guillermo Torres Quiroz como moderador.
La pregunta de fondo no es menor: ¿quién decide qué se puede decir, qué debe limitarse y qué debe ser protegido en el espacio público? En una democracia sana, la libertad de expresión no puede convertirse en un privilegio concedido por el poder ni en una etiqueta que se aplica solo a quienes piensan igual que el gobierno, las plataformas o las mayorías culturales del momento.
Por eso, esta conversación merece ser vista con calma. No se trata de defender la mentira, la violencia o la difamación. Se trata de entender dónde termina la protección legítima de las personas y dónde comienza una censura que empobrece la vida pública, intimida al ciudadano y debilita a las familias.
Mira la conversación completa
Antes de leer el análisis, te invitamos a ver el diálogo completo. La conversación aborda la libertad de expresión, la regulación de medios, las plataformas digitales, el papel del Estado, el riesgo de autocensura y la responsabilidad de ciudadanos, padres de familia, comunicadores y legisladores.
Una pregunta incómoda: ¿quién define la verdad pública?
Durante la transmisión, Guillermo Torres Quiroz recordó que la libertad de expresión está reconocida en la Constitución mexicana y que, como todo derecho, puede encontrar límites cuando afecta derechos de terceros, provoca delitos o perturba el orden público. Pero precisamente ahí aparece el dilema central: ¿quién establece esos límites y con qué criterios?
La pregunta es especialmente delicada cuando quien pretende fijar las reglas es también quien recibe la crítica. Si el poder político puede decidir qué opiniones son aceptables, qué medios son confiables o qué voces resultan peligrosas, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en una concesión condicionada.
En palabras sencillas: proteger no puede significar callar. Regular no puede significar controlar. Y defender a las audiencias no puede convertirse en una excusa para tutelar el pensamiento de los ciudadanos.
Libertad de expresión: un derecho que incomoda al poder
La diputada Annia Gómez subrayó que la libertad de expresión es un derecho fundamental para cualquier democracia. Su preocupación central fue que, en el contexto actual, desde el poder se intente definir quién tiene derecho a hablar, qué voces deben ser observadas y qué criterios deben seguir medios, periodistas, creadores de contenido y ciudadanos.
El problema no es que existan códigos éticos o responsabilidades públicas. El problema aparece cuando el Estado, especialmente desde la posición de quien es criticado, pretende ser juez y parte. Una democracia necesita ciudadanos capaces de informarse, contrastar ideas y formar criterio propio; no ciudadanos tratados como menores de edad ante la información.
Una sociedad libre puede equivocarse, debatir, corregir y confrontar. Pero una sociedad silenciada pierde algo más profundo: pierde la capacidad de buscar la verdad en común.
Protección de menores y derecho a saber: el falso dilema
Samuel Adrián aportó al diálogo desde su experiencia como creador de contenido y comunicador. Al hablar de su documental sobre infancias y tratamientos vinculados a identidad de género en Colombia, planteó una tensión concreta: ¿qué ocurre cuando un tema es de evidente interés público, pero una persona o institución intenta impedir que se difunda?
Su punto fue claro: proteger derechos individuales es necesario, pero también existe un derecho social a conocer asuntos que afectan directamente a familias, niños y comunidades. Cuando se trata de temas que pueden llegar a escuelas, hospitales o políticas públicas, el silencio impuesto no protege a la sociedad; la deja indefensa.
La protección de menores no debe usarse como argumento para impedir que los padres sepan, pregunten, investiguen y participen. Al contrario: una verdadera protección de la infancia exige más información, más transparencia y más capacidad de diálogo.
La censura invisible de las plataformas digitales
Uno de los puntos más importantes de la conversación fue el papel de las redes sociales. Samuel Adrián explicó que, en ocasiones, la censura ya no se presenta como una prohibición abierta, sino como reducción de alcance, silenciamiento algorítmico, desmonetización o imposibilidad real de apelar una decisión.
Este fenómeno plantea una pregunta compleja: si las plataformas son empresas privadas, ¿hasta dónde pueden limitar una voz? Y si el Estado interviene, ¿cómo evitar que esa intervención se convierta en un instrumento de control político?
La respuesta no es entregar todo el poder ni al gobierno ni a las plataformas. La respuesta debe buscar reglas claras, criterios verificables, mecanismos de apelación y garantías reales para que ningún actor -público o privado- tenga poder arbitrario sobre la conversación social.
Cuando el miedo se convierte en autocensura
El mayor riesgo de la censura no siempre está en la sanción visible. A veces está en el miedo previo. En esa voz interior que dice: “mejor no hablo”, “mejor no publico”, “mejor no pregunto”, “mejor no me meto”.
Durante el diálogo, se habló también de México como un contexto difícil para periodistas, comunicadores y generadores de contenido. La violencia, la impunidad y la inseguridad pueden operar como formas indirectas de censura, porque empujan a muchos a callar antes de exponerse.
Cuando una sociedad comienza a callarse por miedo, pierde mucho más que opiniones: pierde defensas. Y cuando las familias dejan de hablar por temor a incomodar, la educación de los hijos queda en manos de otros discursos que no siempre buscan su bien.
La mayoría silenciosa y la responsabilidad de hablar
Uno de los momentos más fuertes del encuentro fue la reflexión sobre la llamada mayoría silenciosa. Samuel Adrián señaló que muchos ciudadanos comparten principios, valores y preocupaciones, pero permanecen callados por miedo al rechazo, a ser etiquetados o a parecer intolerantes.
Sin embargo, el silencio no es neutral cuando lo que está en juego es la libertad de los hijos, la formación del criterio, la defensa de la familia y la posibilidad de expresar la fe en la vida pública. Callar por comodidad puede terminar abriendo espacio a leyes, contenidos y narrativas que después afectan directamente a los hogares.
Por eso, la participación ciudadana no empieza solo en la tribuna o en las urnas. Empieza en casa, en la conversación con los hijos, en la forma de informarnos, en el criterio con el que consumimos contenidos y en la valentía de decir la verdad con respeto.
Familia, libertad y verdad: por qué este debate importa
Para Hazte Sentir, este tema no es abstracto. La libertad de expresión está vinculada directamente con la vida, la familia y las libertades fundamentales. Una sociedad que no puede hablar libremente tampoco puede defender con claridad a sus hijos, educar con responsabilidad ni confrontar las ideologías que buscan moldear la cultura desde arriba.
La libertad de expresión no es permiso para destruir al otro. Es la posibilidad de decir la verdad, formular preguntas, denunciar abusos, defender principios y participar en la construcción del bien común. La protección auténtica no infantiliza a los ciudadanos; los forma, los informa y los hace responsables.
Ahí está el punto de equilibrio: proteger sin callar, debatir sin destruir, regular sin controlar y participar sin miedo.
Conclusión: la estafeta está en nuestras manos
En su cierre, Samuel Adrián recordó que no podemos delegar el futuro de la sociedad únicamente en los niños. Ellos serán líderes mañana, pero los adultos somos responsables hoy. La estafeta de la libertad, la verdad y la formación de criterio está en nuestras manos.
La diputada Annia Gómez, por su parte, insistió en la necesidad de seguir defendiendo la verdad y las libertades, aun cuando hacerlo resulte incómodo. Ambos coincidieron en algo esencial: no podemos permitir que el miedo nos lleve a callar.
La pregunta sigue abierta para todos: ¿estamos protegiendo o estamos censurando? Y quizá la respuesta no dependa solo de leyes o plataformas. Depende también de ciudadanos, familias y comunidades que decidan no renunciar a su derecho y a su deber de hablar con verdad.
En tiempos de confusión, defender la libertad de expresión no es un lujo político. Es una responsabilidad moral.
