En México, las prioridades del poder son cada vez más evidentes y más preocupantes. Mientras la inseguridad, la crisis educativa y las necesidades reales de las familias siguen sin atenderse, desde la Presidencia de la República se utiliza a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —la Corte del acordeón, la Corte de las camionetas de lujo— para imponer ideologías desde el centro del país. Hoy, el objetivo es Chihuahua, un estado que, mediante una ley promovida por el Diputado Carlos Olson, decidió defender la educación, a la niñez y la soberanía estatal, restringiendo el llamado lenguaje inclusivo en las escuelas y evitando el adoctrinamiento ideológico. La respuesta del poder federal no fue diálogo ni respeto a la voluntad del pueblo, sino golpear todo aquello que no se alinea con su agenda.
El mismo diputado Carlos Olson San Vicente, integrante del PAN en el Congreso de Chihuahua, ha sido claro y contundente. La reforma aprobada en octubre de 2025 no busca discriminar ni excluir, sino algo elemental: enseñar correctamente el idioma español en las escuelas y evitar el adoctrinamiento ideológico en las aulas.
“El fondo del problema no es la educación, es la ideología”, ha señalado Olson. Lo que molesta es que en Chihuahua se decidió poner un alto al adoctrinamiento, proteger a las niñas y niños y defender el sentido común.
La escuela no es un laboratorio ideológico
El llamado lenguaje inclusivo no representa un avance pedagógico. Por el contrario, confunde el aprendizaje, empobrece la enseñanza del idioma y politiza la educación desde edades tempranas. Sus consecuencias recaen directamente en la niñez.
“Con los niños no se experimenta. La escuela no es un laboratorio ideológico. La educación debe formar, no confundir”, ha subrayado el legislador.
Y ahí está el punto central: esto no se trata de perseguir ideas ni de censurar a nadie. Cada persona es libre de hablar como quiera, de identificarse como desee y de vivir conforme a sus convicciones. Pero la escuela tiene una responsabilidad distinta: enseñar la verdad, formar con conocimientos sólidos y garantizar una educación digna y de calidad, no imponer ideologías.
La Suprema Corte contra la soberanía y la voluntad del pueblo
La impugnación promovida desde la Consejería Jurídica de la Presidencia acusa al Congreso de Chihuahua de violar derechos como la igualdad, la no discriminación o el libre desarrollo de la personalidad. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es un atropello a la soberanía del estado.
La voluntad democrática del pueblo de Chihuahua se expresó a través de su Congreso. Fue ahí donde se decidió alejar la ideología de las escuelas. Hoy, la Suprema Corte pretende pasar por encima de esa decisión e imponer desde Palacio Nacional una agenda ideológica a niños, padres de familia y comunidades educativas.
La sociedad civil responde: defender la escuela y a los niños
Desde Actívate, la sociedad civil organizada ha alzado la voz para defender la ley impulsada por Carlos Olson y proteger el interés superior de la niñez. Hoy existe una campaña de firmas para frenar esta imposición y dejar claro que las familias no aceptarán decisiones dictadas desde una Corte desconectada de la realidad social.
La defensa de la educación no es una pelea ideológica, es una causa legítima. Se trata de garantizar que las escuelas formen ciudadanos libres, críticos y preparados, no sujetos adoctrinados desde el poder. Puedes firmar aquí.
Chihuahua resiste, México observa
Chihuahua ha decidido resistir. Ha decidido defender su soberanía, la voluntad del pueblo y el derecho de las niñas y niños a una educación basada en conocimientos, no en consignas ideológicas.
Hoy, más que nunca, queda claro que la Presidencia no está usando a la Suprema Corte para proteger a la gente, sino para golpetear todo aquello que no se alinee con su ideología. Y frente a eso, la resistencia desde los estados y desde la sociedad civil no solo es legítima, es necesaria.
Porque la educación no se impone desde un escritorio en la Corte, con la niñez no se juega y la soberanía no se negocia.
