Leandro Rodríguez Lastra, jefe del servicio de Ginecología del Hospital Pedro Moguillansky, Río Negro(Argentina), fue denunciado e imputado por negarse a practicar un aborto a una mujer que cursaba cinco meses de embarazo.
En mayo de 2017, una paciente de 19 años llegó al Hospital Moguillansky de Cipoletti, derivada del Hospital Fernández Oro, con fuertes dolores debido a la ingesta de una droga abortiva administrada fuera de un centro médico.
Rodríguez Lastra, médico tocoginecólogo, corroboró que tenía casi 23 semanas de embarazo y el bebé pesaba más de 500 gramos. Entonces se negó a realizar el aborto ya que existía un alto riesgo de vida para la madre y el niño en gestación nacería con graves secuelas.
El médico administró medicina para estabilizar clínicamente a la paciente. Y cuando el bebé cumplió 35 semanas de gestación, el equipo médico procedió a inducir el parto. De esta forma, el bebé nació prematuro y fue posteriormente adoptado.
Luego del hecho, Rodríguez Lastra y la médico Yamila Custillo, que también se negó a realizar el aborto al día siguiente, fueron denunciados por la diputada por Río Negro, Marta Milesi.
Custillo quedó fuera de la denuncia en mayo de 2018. En tanto, el tribunal continuó con el proceso hacia el tocoginecólogo por “violencia obstétrica” e “incumplimiento de deberes de funcionario público” ya que el profesional habría frenado un aborto en curso.
De acuerdo al criterio del médico, el caso no entraba en el “Protocolo de Aborto no punible”, que permite la práctica en caso de violación o peligro de vida de la mujer.
Objetor de conciencia
Tras el hecho, Rodríguez Lastra y todos los ginecólogos y obstetras del hospital se registraron como objetores de conciencia.
En tanto, la asociación “Médicos por la vida” apoyó a Rodríguez Lastra y aseguró en un comunicado que “ante la Ciencias Médicas, el Código de Ética Médica y muy especialmente respaldado por nuestra Ley Constitucional Argentina y el Código Penal, ha actuado en forma idónea y correctísima”.
“Sopesa que aún habiéndose ratificado en el Senado de la Nación Argentina que el aborto no es ley en nuestro país, pretendan desde algunas provincias colocar carácter de ley a un Protocolo, que tiene carácter de decreto provincial y que es en sí mismo inconstitucional”, agregó la asociación.
“Convocamos a todas las organizaciones provida del país a exigir la derogación del Protocolo, mal llamado de ‘Interrupción Legal del Embarazo’ para seguir protegiendo las vidas de todos los argentinos, el accionar fidedigno de verdaderos médicos y la Constitución Nacional”.
También se inició una campaña de recolección de firmas para apoyar al médico que está siendo procesado.
