El gobernador de Bermudas, John Rankin, ha sancionado una ley por la que ya no se permitirá la celebración de matrimonios homosexuales en el archipiélago ni en barcos con su bandera.
Rankin ha firmado la Ley de Uniones Domésticas, que sustituye al matrimonio gay, permitido desde el 5 de mayo de 2017 por un fallo de la Corte Suprema de Bermudas, territorio británico de ultramar.
La nueva ley, aprobada por el Senado de Bermudas en diciembre de 2017, reconoce las uniones entre personas del mismo sexo, pero no podrán casarse. Sin embargo, concede derechos como el de heredar en el caso de que no haya testamento previo y tomar decisiones médicas en nombre de la pareja. Los matrimonios entre homosexuales ya celebrados seguirán siendo válidos.
En opinión del ministro de Asuntos Nacionales, Walton Brown, aunque los contrayentes no puedan casarse, disfrutarán de «una unión libre en la que tendrán los mismos derechos». La decisión ha despertado la oposición de varios grupos de defensa de los derechos LGBT, que consideran ilegal el hecho de que se permita y después se niegue.
La mayor parte de su población votó en contra
Brown ha señalado que la mayoría de los ciudadanos de Bermudas están en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. «Esta ley tiene la intención de encontrar un equilibrio entre aquellos que en la isla creen que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer y a la vez reconocer y proteger los derechos de aquellos del mismo sexo», ha dicho a medios locales.
Varias compañías de cruceros con barcos de bandera de Bermudas han declarado que esta medida va a «decepcionar» a aquellos que pensaban contraer matrimonio a bordo de sus embarcaciones. En un comunicado conjunto, las empresas P&O Cruises y Cunard señalaron que ahora ofrecerán llevar a cabo «ceremonias de compromiso» a bordo.
El Tribunal Supremo de Bermudas falló, en mayo de 2017, a favor del ciudadano bermudeño Winston Godwin y de su prometido, el canadiense Greg DeRoche, quienes querían casarse en el archipiélago. El Registro General rechazó su solicitud, por lo que la petición se llevó hasta la Corte Suprema con el argumento de que la Ley de Derechos Humanos prevalece en Bermudas sobre cualquier otra normativa y ésta les dio la razón.
La sentencia judicial se aplicó pese a que en junio de 2016 la población de Bermudas rechazó en una consulta el matrimonio gay por un 69% en contra por un 31% a favor.
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