La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) presentó las líneas de acción que implementará de manera inmediata para prevenir, proteger y atender los casos de abusos sexuales contra menores de edad por parte de sacerdotes y religiosos, entre las que destacan el diseño y establecimiento de procesos de certificación de sacerdotes, parroquias, centros de catequesis y ambientes, en materia de protección de menores.
De acuerdo con el texto, titulado Líneas de acción para la protección de menores, las medidas incluyen “oficializar y difundir protocolos y textos de prevención, incluyendo la propuesta de (ambientes) parroquia y catequesis seguros”.
En conferencia de prensa, el presidente de la CEM, Rogelio Cabrera López, explicó que se trata de “certificar los espacios, pero también a las personas”, y la medida estará dirigida principalmente a los clérigos que trabajen directamente con los menores, como colegios o centros de catequesis.
Por su parte, el secretario general de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola, aseguró que este plan es de carácter inmediato y busca dar respuesta a las exigencias emanadas del Encuentro sobre la protección de menores que se realizó hace algunos días en el Vaticano.
“Necesitamos estar juntos los obispos, por eso es que este plan ya ha pasado por los principales consejos de la Iglesia. El Consejo de Presidencia, el Consejo Permanente, nuestro equipo de abogados, la nunciatura, etcétera. Es un plan a corto plazo para abordar de manera específica el tema”.
El proyecto está dividido en cinco líneas principales: diagnóstico, prevención, justicia y respuesta, apoyo a víctimas y promover el respeto por la ley.
En el tema de transparencia, los obispos anunciaron también que el grupo de laicos especialistas del Equipo Nacional de Protección de Menores recabará y analizará toda la información sobre los casos de abuso sexual que involucren a sacerdotes, para transparentarlo previo análisis jurídico.
Hasta el momento la CEM ha contabilizado 157 sacerdotes investigados por abuso sexual; de ellos, 101 casos de 64 diócesis del país están ya bajo procesos ministeriales y no ejercen el ministerio sacerdotal.
El presidente de la CEM aseguró que todos estos protocolos y líneas de acción ponen en el centro a la víctima.
“Antiguamente, creo que el modelo era revisar lo que le había pasado y ver qué hacías con el sacerdote. Ahora, lo primero es atender a la víctima y que el sacerdote que cometió el delito sea juzgado por la autoridad”, puntualizó.
