De todos los cambios que el cardenal Carlos Aguiar Retes ha manifestado interés de implementar en la Arquidiócesis de México, el convenio de colaboración con la Red de Sobrevivientes de Víctimas de Abuso Sexual de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) es, sin lugar a dudas el más audaz y el que más rompe con el estilo de trabajo y convicciones de su predecesor, el cardenal Norberto Rivera Carrera.
Para los cambios en la formación de nuevos sacerdotes, Aguiar ordenó un cambio radical en el modelo educativo del Seminario Conciliar de México; para renovar el trabajo de los párrocos en la megalópolis, el cardenal anima a los sacerdotes a asumir nuevas estructuras de cooperación intradiocesana; para reordenar la administración económica de una de las iglesias más grandes del planeta, el arzobispo primado lleva a cabo una especie de auditoría a las instituciones eclesiales de la mano de la prestigiada firma de servicios empresariales Ernest&Young.
Y, para atender los crímenes de pederastia clerical (uno de los más dolorosos problemas en los que se ha enfrascado la Iglesia católica en las últimas décadas), la Arquidiócesis de la era Aguiar ha decidido establecer una alianza con la organización que, desde Estados Unidos, ha logrado poner bajo los reflectores del mundo, los casos de abuso sexual cometidos por ministros religiosos –especialmente aquellos contra menores de edad- y ha denunciado a más de un centenar de obispos católicos por “encubrimiento o protección” a sus sacerdotes acusados.
SNAP cumple 30 años este 2018; la organización nació en Chicago con apenas un puñado de miembros y hoy tiene presencia en más de 60 ciudades con más de 20 mil asociados. Como parte de su lucha legislativa por visibilizar este crimen, en México lograron que la pederastia fuera calificada como delito grave; además, como parte de sus litigios, SNAP ha demandado a cientos de sacerdotes y obispos, incluida a la Santa Sede, y no pocas diócesis han llegado a arreglos económicos extrajudiciales con los abogados de las víctimas al tiempo que han forzado a varias diócesis del mundo a adoptar medidas de prevención y acción contra sacerdotes criminales. Con todo, la Red SNAP también ha sido obligada a pedir perdón a obispos, diócesis y a sacerdotes injustamente acusados como sucedió apenas en noviembre pasado en la Arquidiócesis de St. Louis donde el sacerdote acusado, Joseph Jiang, demandó a SNAP por difamación y ésta debió pedir disculpas públicas “por acusar con negligencia, irresponsabilidad y faltando a la verdad”.
En la Ciudad de México, las denuncias de SNAP comenzaron directamente contra el entonces arzobispo de México, el cardenal Norberto Rivera Carrera. Se le acusó de encubrir al sacerdote Nicolás Aguilar en contubernio con el cardenal de Los Ángeles, Roger Mahoney. La arquidiócesis de México acusó a SNAP y al demandante (Joaquín Aguilar, hoy representante de SNAP México) de sólo perseguir intereses económicos y, tras largos entretelones de la primera denuncia SNAP vs Rivera, los abogados de la Red de Sobrevivientes volverían a demandar a Rivera por un segundo caso de encubrimiento. Y, aunque los dos casos se dirimieron en instancias judiciales y Rivera fue revelado en la Arquidiócesis en febrero, el tema no ha quedado en el pasado, SNAP ha declarado que aún persigue 200 casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes en México y ha adelantado que su interés es responsabilizar también a los obispos por omisiones, encubrimiento o protección de esos presuntos criminales.
Es en este marco que la Arquidiócesis de México y SNAP firmaron un convenio donde declaran estar “comprometidos con esta visión: promover iniciativas vinculadas a mejorar y fortalecer prácticas para proteger del delito de abuso sexual a los niños, jóvenes y adultos en situación de riesgo, así como para promover la responsabilidad local en las siglas y zonas vulnerables”.
En nombre de la Iglesia capitalina, firma la directora de Comunicación Social, Marilú Esponda (relevo de Hugo Valdemar, el principal defensor de Rivera ante las acusaciones de SNAP en la última década) y por parte de SNAP, el propio Joaquín Aguilar, la víctima que desató una de las guerras judiciales y mediáticas más ásperas entre la Iglesia y los demandantes de sacerdotes mexicanos. En la declaración, ambas instancias afirman que trabajan en “un protocolo que ayude a la atención ante los casos que se pudieran presentar así como de apoyo a las víctimas, para crear conciencia y educar a la gente sobre la necesidad de proteger a los niños y personas vulnerables… Combatir desde la raíz estos lamentables casos y trabajar incansablemente hasta sanar estas situaciones”.
En entrevista con este periodista, Mariú Esponda afirma que la gente de Aguiar Retes y SNAP México han sostenido varias reuniones después del pronunciamiento del Cardenal donde enfatizó su postura de “tolerancia cero” en los casos de pederastia: “Hubo buena disposición de dialogar de las dos partes y nos dimos cuenta que coincidíamos en esta cuestión fundamental: Nuestra sincera disposición para prevenir y promover la responsabilidad en el tratamiento y la resolución de estos casos”.
—¿En qué consiste el acuerdo de colaboración?
—En trabajar en conjunto, aprobar y seguir unos protocolos comunes, donde se garantice una correcta atención a las víctimas y donde se estudien e implementen programas de prevención integral a este problema.
—¿Qué aporta SNAP al trabajo de “cero tolerancia” de la Arquidiócesis de México?
—La unión hace la fuerza. Nuestro afán es estar más cerca de las víctimas. La pederastia se da en muchos ambientes, también familiares, educativos, etc. Y SNAP México tiene experiencia en diversos casos que muchas veces se silencian. Queremos trabajar arduamente con todas las instituciones que tengan buena voluntad para promover el respeto a la dignidad humana. De ahí surge nuestro mutuo compromiso para erradicar este problema que se ha vivido tiempo atrás y que se sigue viviendo hoy.
—¿La arquidiócesis le abrirá la puerta a SNAP a trabajar con los sacerdotes en Casa Damasco (la instancia diocesana que atiende a sacerdotes con problemas de adicciones, afectividad y trastornos psicológicos)?
—La Arquidiócesis abrirá las puertas para trabajar con todas las instituciones que cada caso requiera.
—¿Las denuncias que haga SNAP obligará a la Arquidiócesis a atenderlas?
—La Arquidiócesis está en entera disposición de trabajar con las autoridades correspondientes en el marco de la ley.
—¿Qué sucede con las denuncias que SNAP tiene contra obispos?
—Tanto la SNAP como la Arquidiócesis están en buena disposición por aclarar y resolver los casos que se presenten.
Lacónica claridad del nuevo estilo arquidiocesano. El modelo de Iglesia capitalina a la que el cardenal Carlos Aguiar Retes le imprime su sello, sin duda se encuentra en las antípodas de las que procuró su predecesor: desde el sistema de funciones y responsabilidades de sus obispos auxiliares, en la irrestricta confianza a su inseparable equipo de trabajo nuclear, en la autoridad paranormativa con la que ejerce su soberana decisión en instituciones educativas, en la calculada distancia mediática y política durante un momento tan complejo para México como son las actuales elecciones federales y, sobre todo, en esta alianza que no sólo simboliza el interés de protección y prevención de casos de pederastia clerical (la Universidad Anáhuac, de los Legionarios de Cristo, por ejemplo, trabaja en muy serios protocolos y certificaciones institucionales para erradicar el abuso sexual en todo tipo de organizaciones, incluidas las parroquias; y la Conferencia del Episcopado Mexicano trabajó un Protocolo de Acción frente a casos de pederastia por instrucción de la Santa Sede) sino también ejemplifica el interés del cardenal Aguiar de tender la mano incluso a quienes las instancias de su predecesor llamaron ‘enemigos de la Iglesia’, ‘falsos acusadores’ y ‘oportunistas’.
En el pasado, lo que entonces se consideraron “ataques al cardenal Norberto Rivera” lograron cierto consenso episcopal de apoyo al primado capitalino pero también fueron detonantes de profundas diferencias con el entonces nuncio apostólico, Christophe Pierre. Diferencias que nunca pudieron resolverse y que afectaron incluso las visitas papales de Benedicto XVI en 2012 y de Francisco en 2016.
Una nueva era para toda la Iglesia mexicana, sin duda, pues SNAP aún mantiene la posición de llamar a cuentas a más de 200 sacerdotes y obispos en México, pero ahora tendrá de aliado al cardenal primado de México.
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