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Abuso sexual infantil: la campaña que pide a la ONU justicia, prevención y reparación

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Cartel de campaña con el texto "¡El abuso sexual infantil no se negocia!" acompañado del logotipo de ILAS (Infancia Libre de Abuso Sexual) junto a la silueta en penumbra de una niña sentada con el rostro cubierto entre sus brazos
Campaña de concientización y prevención contra el abuso sexual infantil impulsada por Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS).
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ILAS A.C. impulsa la petición «¡El abuso sexual infantil no se negocia!». Estos son sus cinco ejes, los datos que explican su urgencia y lo que podemos hacer desde casa.

Uno de cada ocho adolescentes usuarios de internet en México sufrió explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología en el lapso de un año. Son cerca de 1.6 millones de personas de entre 12 y 17 años.

Ante una realidad así, hablar de protección no basta. El abuso sexual infantil exige leyes eficaces, presupuestos suficientes, justicia para las víctimas y prevención que alcance también el entorno digital.

Con esa convicción, Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS A.C.) impulsa, a través de la plataforma Actívate, la campaña «¡El abuso sexual infantil no se negocia!». Es una petición ciudadana que busca llevar ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una exigencia concreta: reconocer el abuso sexual infantil como delito de alto impacto y establecer estándares internacionales más firmes para combatirlo.

La propuesta tiene cinco ejes: una clasificación jurídica clara, sanciones que no minimicen la gravedad del delito, presupuestos obligatorios para prevenir y atender esta violencia, reparación integral para las víctimas y tratamiento terapéutico especializado para adolescentes que hayan cometido agresiones sexuales, sin sustituir las consecuencias legales.

No se trata solamente de endurecer las penas. Se trata de reconocer que cada víctima tiene derecho a recuperar su dignidad, recibir protección y acceder a la justicia. Y que ningún niño debería crecer cargando las consecuencias de una violencia que las instituciones y la sociedad pudieron prevenir.

Una crisis mundial que no puede seguir en silencio

Las cifras ayudan a dimensionar el problema. Según estimaciones publicadas por UNICEF en octubre de 2024, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas hoy, una de cada ocho, sufrieron violación o agresión sexual antes de cumplir 18 años. Si se suman las formas sin contacto físico, como el abuso verbal y el digital, la cifra sube a 650 millones: aproximadamente una de cada cinco.

Los niños y adolescentes varones tampoco están exentos. UNICEF calcula que entre 240 y 310 millones de niños y hombres vivos hoy, alrededor de uno de cada once, sufrieron violación o agresión sexual durante la infancia.

Detrás de cada cifra hay una historia de derechos vulnerados, confianza rota y consecuencias que pueden acompañar a una persona durante toda la vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el maltrato infantil puede afectar la salud física y mental, el desarrollo y las oportunidades sociales y laborales de quienes lo padecen. También señala que muchas víctimas nunca reciben apoyo de los servicios oficiales.

Por eso el abuso sexual infantil no puede tratarse como un problema aislado ni atenderse solo cuando el daño ya ocurrió. Requiere políticas públicas permanentes, instituciones preparadas y una sociedad capaz de reconocer las señales de alerta.

México: el abuso sexual infantil también ocurre en el entorno digital

Internet, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y los videojuegos conectados abrieron nuevos espacios para aprender, jugar y convivir. Pero también son usados por personas que buscan manipular, intimidar y explotar sexualmente a menores de edad.

El 23 de junio de 2026, UNICEF, ECPAT International e INTERPOL presentaron Disrupting Harm México, el primer estudio a gran escala en el país sobre el abuso y la explotación sexual infantil facilitados por la tecnología. Esto encontró:

  • 1 de cada 8 adolescentes de 12 a 17 años que usan internet sufrió alguna forma de explotación o abuso sexual facilitado por la tecnología durante un año. Equivale a unos 1.6 millones de adolescentes.
  • 64 % de las víctimas conocía a la persona agresora: amistades, parejas o familiares.
  • 67 % de los incidentes ocurrió exclusivamente en línea, sobre todo en redes sociales.
  • 32 % (cerca de uno de cada tres) no le contó a nadie lo sucedido, principalmente por vergüenza, miedo o por no saber a quién acudir.
  • Menos del 1 % de los incidentes fue denunciado ante la policía.

Estos datos desmontan una idea muy extendida: el peligro no siempre llega de un desconocido. Con frecuencia está en el círculo de confianza del adolescente, y por eso es más difícil de detectar y más difícil de contar.

El estudio también documenta consecuencias psicológicas graves y obstáculos para acceder a la justicia, incluida la revictimización durante los procesos de denuncia e investigación.

Entre las modalidades que requieren atención están el grooming (cuando un adulto se gana la confianza de un menor para abusar de él), la sextorsión y la producción, circulación o uso de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), incluso cuando se emplean herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes.

La tecnología cambia, pero el principio debe permanecer: ningún menor puede ser responsabilizado por la manipulación, la intimidación o la explotación que ejerce una persona adulta o cualquier agresor.

¿Qué le exige ILAS A.C. a la ONU?

La campaña plantea cinco exigencias que buscan impulsar una respuesta internacional coordinada.

1. Reconocer el abuso sexual infantil como delito de alto impacto

La iniciativa pide una clasificación jurídica clara y homologada entre países, que contemple las distintas modalidades de abuso sexual infantil, incluidos el material de abuso sexual infantil autogenerado, el grooming y la violencia sexual digital. «Alto impacto» es una expresión que en México suele aludir a delitos de especial gravedad social.

El propósito es reducir las diferencias legales que dificultan investigar y perseguir estos delitos cuando involucran a personas, plataformas o redes que operan en varios países.

2. Evitar que se reduzcan injustificadamente las consecuencias legales

La campaña propone eliminar mecanismos que puedan traducirse en una disminución injustificada de las sanciones, como determinadas salidas alternas, acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad o conmutaciones.

Parte de una convicción: la protección de la infancia y el acceso a la justicia de las víctimas deben estar por encima de cualquier intento de minimizar la gravedad de estas agresiones. La aplicación de las sanciones debe respetar el debido proceso y las garantías jurídicas, sin que la vulnerabilidad de las víctimas se convierta en un factor de impunidad.

3. Garantizar presupuestos obligatorios para prevenir y atender

No basta con aprobar leyes si las instituciones no tienen recursos para aplicarlas.

ILAS A.C. solicita que los Estados destinen presupuestos específicos y permanentes para prevención, detección, investigación, atención psicológica y reparación del daño.

Eso implica fortalecer los servicios especializados, capacitar a profesionales, desarrollar campañas educativas y asegurar que las víctimas reciban atención sin importar su condición económica o su lugar de residencia.

4. Garantizar la reparación integral de las víctimas

La justicia no termina con una sentencia.

Niñas, niños y adolescentes que han sufrido abuso necesitan acompañamiento psicológico, atención especializada, protección frente a nuevas agresiones y apoyo para recuperar su proyecto de vida.

Por eso la campaña propone estándares internacionales mínimos de reparación integral, con dimensiones económicas, psicológicas y simbólicas. Ninguna víctima debería enfrentar sola las consecuencias de la violencia.

5. Impulsar tratamiento terapéutico especializado para adolescentes que han agredido

La quinta exigencia busca prevenir la reincidencia e interrumpir los ciclos de violencia. Plantea que los adolescentes que hayan cometido agresiones sexuales tengan acceso a programas terapéuticos especializados y basados en evidencia, como parte de su proceso de responsabilidad y reinserción.

Esto no justifica las agresiones ni sustituye las consecuencias legales. Reconoce que una intervención especializada también puede evitar que haya nuevas víctimas.

Qué puede y qué no puede hacer la ONU

La petición de ILAS A.C. se apoya en un marco internacional que ya reconoce el derecho de la infancia a vivir libre de violencia.

La Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo aniversario se conmemora cada 20 de noviembre, obliga a los Estados en su artículo 19 a adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los menores contra toda forma de violencia, incluido el abuso sexual. El artículo 34 los compromete a protegerlos contra todas las formas de explotación y abuso sexual.

A ello se suma el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que establece obligaciones específicas para prohibir y sancionar estas conductas.

Es decir, la campaña no parte de cero: busca fortalecer compromisos existentes y avanzar hacia una respuesta más uniforme y actualizada frente a las nuevas formas de violencia.

Conviene precisar un límite. La ONU no es un congreso mundial que pueda imponer una misma categoría penal a todos los países. Su papel es promover acuerdos, desarrollar estándares, impulsar recomendaciones y generar compromisos entre los Estados miembros. Tipificar y sancionar los delitos corresponde a las leyes de cada país. La petición es una exigencia ciudadana, no una norma vinculante.

Por eso el reto es que los gobiernos traduzcan esos compromisos en leyes, presupuestos, instituciones y mecanismos efectivos de protección.

Qué podemos hacer desde casa

La responsabilidad de proteger a la infancia no es solo de las autoridades. También involucra a familias, escuelas, organizaciones civiles, comunidades religiosas, plataformas digitales y a toda la sociedad. Desde casa, hay acciones sencillas que sí marcan diferencia:

  • Construir confianza antes de que haga falta. Un hijo que sabe que será escuchado sin regaños tiene más posibilidades de hablar a tiempo.
  • Repetirle que nunca es culpable. Ningún niño o adolescente es responsable del abuso, aunque haya aceptado una conversación, enviado una foto o guardado un secreto por miedo.
  • Acompañar su vida digital. Conocer las aplicaciones y los juegos que usa, con quién habla y acordar límites claros, sin convertir la supervisión en vigilancia hostil.
  • Prestar atención a los cambios. Retraimiento repentino, miedo a ciertos dispositivos o personas, alteraciones del sueño o del ánimo y secretismo nuevo merecen una conversación tranquila.
  • Saber a dónde acudir. Ante un peligro inmediato, llama al 911. Para denunciar y recibir orientación existen la fiscalía de tu estado y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes.

Las instituciones, por su parte, deben garantizar protocolos de prevención, mecanismos de denuncia accesibles, investigaciones profesionales y atención especializada. Denunciar no puede significar enfrentarse a la indiferencia ni a la revictimización.

La indiferencia también permite que la violencia continúe. Hablar del abuso sexual infantil no debe causar vergüenza a las víctimas, sino responsabilidad en quienes tienen la obligación de protegerlas.

La infancia no necesita únicamente discursos de protección. Necesita justicia, prevención, recursos y adultos dispuestos a defenderla.

Firma la campaña: el abuso sexual infantil no se negocia

La iniciativa de ILAS A.C. busca sumar ciudadanos a una exigencia que trasciende fronteras: que la comunidad internacional fortalezca su respuesta y que los gobiernos asuman compromisos concretos para prevenir el abuso, sancionarlo y reparar el daño.

Cada firma es una voz más a favor de quienes no siempre tienen los medios para defenderse. El número actualizado de firmas puede consultarse en la propia plataforma Actívate.

No podemos aceptar que el abuso sexual infantil siga oculto detrás del silencio, la impunidad o la falta de recursos. La dignidad de cada niña y cada niño es innegociable.

Participa y firma la petición:

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