La entrada en vigor, el pasado 1 de julio de 2026, de la Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos de la República Popular China es un instrumento totalitario de política interna con visión expansionista. Aunque Pekín la presenta como una norma destinada a fortalecer la cohesión entre las cincuenta y seis etnias reconocidas por el Estado y combatir el separatismo, su verdadero alcance trasciende las fronteras chinas. La ley consolida jurídicamente la idea de una sola “Nación China” y proyecta esa visión sobre pueblos con identidad propia, especialmente Taiwán, pero también el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior.
La respuesta de Taipéi fue inmediata. Como informó NBC News, el presidente Lai Ching-te afirmó que “la Taiwán democrática no debe convertirse en la Taiwán de China“ y sostuvo que sólo los veintitrés millones de habitantes de la isla tienen el derecho de decidir su futuro. Advirtió, además, que Pekín está incrementando la presión política, jurídica y psicológica para debilitar la identidad democrática taiwanesa.
Expresó que Taiwán posee un gobierno elegido libremente, elecciones competitivas, tribunales independientes, una sociedad abierta y una identidad política construida durante décadas de democracia. Más allá del reconocimiento internacional, esa realidad política existe y ha sido definida generacionalmente por sus propios ciudadanos. Incluso la cultura taiwanesa hoy es profundamente democrática, libertaria y taiwanesa.
Esta nueva legislación, bajo el concepto de la “Comunidad de la Nación China”, señala que todas las identidades nacionales y culturales deben integrarse en una sola nación encabezada por el Estado totalitario chino. La ley incluso contempla la posibilidad de exigir responsabilidades en el extranjero cuando las autoridades consideren que promueven el separatismo o afectan la unidad nacional. Lo que no dice es que Taiwán no se puede separar de China comunista, porque nunca ha sido parte de ella.
Desde la perspectiva jurídica, ello constituye un ejemplo de lo que hoy se conoce como lawfare: La manipulación del derecho como herramienta para alcanzar objetivos estratégicos y políticos. Ya no se trata únicamente de presión diplomática o militar; ahora una ley se convierte en un instrumento para justificar la influencia del Estado Chino más allá de sus fronteras, como vimos en el caso de Hong Kong hace unos años.
No es un fenómeno exclusivo de China. Rusia ha desarrollado durante años la doctrina del “Russkiy Mir” o “Mundo Ruso”, según la cual el Estado ruso tiene la responsabilidad de proteger a las comunidades rusas y rusoparlantes dondequiera que se encuentren. Esa idea fue utilizada para justificar diversas actuaciones en Ucrania, la lógica es semejante: transformar una concepción histórica de la nación en un fundamento jurídico para proyectar poder fuera del territorio nacional. Vemos como el derecho comienza a utilizarse con propósitos totalitarios.
Existe un terrible antecedente histórico: Antes de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi alemán desarrolló la doctrina del Lebensraum o “espacio vital”. Los nazis sostenían que la nación tenía un derecho histórico y cultural a expandirse para reunir a poblaciones consideradas parte del pueblo alemán y garantizar su desarrollo. Esa doctrina sirvió para justificar primero la anexión de Austria, posteriormente la incorporación de los Sudetes en Checoslovaquia y, finalmente, la invasión de otros Estados europeos.
Ese riesgo resulta especialmente evidente en el caso de Taiwán. La identidad taiwanesa nació de un proceso democrático. Pretender redefinirla mediante una ley aprobada en Pekín significa sustituir la voluntad expresada por millones de ciudadanos por un capricho jurídico elaborado desde la dictadura de otro régimen.
La preocupación alcanza igualmente a otros pueblos bajo administración china. En el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior, se ha señalado que las políticas de integración forzosa han venido acompañadas de represión por el uso de lenguas tradicionales, determinadas prácticas religiosas y expresiones culturales propias. Aunque el gobierno chino sostiene falsamente que estas medidas buscan promover la igualdad, la estabilidad y el desarrollo económico, realmente buscan una forzosa homogeneización cultural bajo una identidad nacional definida por el Estado, aniquilando la identidad cultural de los pueblos bajo el régimen actual.
Ningún Estado puede utilizar legislación interna para redefinir la identidad de pueblos que poseen una historia, una cultura y una voluntad política propias. La respuesta ofrecida por el presidente Lai Ching-te es clara: la democracia taiwanesa sólo pertenece a los taiwaneses.
La comunidad internacional hará bien en observar con atención la aplicación de esta ley. Más allá del conflicto entre Pekín y Taipéi, o la invasión rusa a Ucrania, está en juego un principio esencial del orden internacional: que el derecho sirva para proteger la libertad de los pueblos y no para convertirse en un instrumento destinado a imponer identidades, extender jurisdicciones o redefinir soberanías más allá de las fronteras nacionales.
