El contexto político en el Estado de México ha dado un giro agresivo. La reciente iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez no es un ajuste menor; es una reforma integral a la Ley de Salud que busca desmantelar las protecciones a la vida y convertir el aborto en una imposición institucional. Bajo una retórica de “justicia social”. Pero el trasfondo es más oscuro: busca obligar a las instituciones de salud a garantizar el procedimiento como servicio “prioritario”, incluso por encima de urgencias médicas reales que hoy tienen a nuestros hospitales en el abandono.
El aborto como pena de muerte y el fracaso del Estado
Lo que la gobernadora presenta como un avance, en realidad es la claudicación del Estado. En lugar de generar políticas que rescaten a la mujer de la vulnerabilidad, se le ofrece la muerte de su hijo como única salida. Esta es la nueva pena de muerte para los no nacidos, dictada por un sistema que prefiere eliminar al ciudadano antes que apoyarlo.
La familia se protege y la dignidad de la mujer no se garantiza facilitándole un legrado, sino dándole condiciones para que la maternidad no sea una condena a la pobreza. Esta iniciativa ignora que ninguna mujer llega a esta decisión por “libertad”, sino orillada por la falta de oportunidades y el abandono institucional.
La saña contra el personal médico y la objeción de conciencia
Uno de los puntos más críticos de esta reforma es el ataque directo a la objeción de conciencia. Los médicos y enfermeras están siendo arrinconados por órdenes del gobierno. La propuesta busca limitar este derecho fundamental para asegurar que siempre haya quien ejecute el procedimiento, violentando la ética profesional. Los hospitales e instituciones de salud están para salvar vidas, no para terminar con ellas por decreto; el gobierno no tiene la autoridad moral para decidir qué vidas valen y cuáles pueden ser desechadas.
La movilización ciudadana: México dice ¡Ya basta!
Como bien señalé en el Parlamento Abierto sobre vientres de alquiler —donde cuestioné por qué legislar para caprichos de élites mientras se ignora a la mayoría—, hoy vemos la misma desconexión. ¿Por qué la prisa por imponer la muerte cuando faltan medicinas para el cáncer y seguridad en las calles?
La respuesta es una obsesión ideológica que ya encontró resistencia. La sociedad civil se ha movilizado con fuerza a través de la campaña de firmas en Actívate, exigiendo a los legisladores que rechacen esta imposición. Con la niñez no se juega, y eso incluye la etapa prenatal. Defenderemos la libertad de quienes se niegan a ser cómplices de esta injusticia.
