La Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado ante la decisión de la SCJN de amparar a una asociación pro aborto en el que recordó que toda vida humana es digna y estableció que la despenalización del aborto es un reconocimiento de la impotencia del Estado y la sociedad
Ante el amparo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entregó a la asociación civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) este miércoles 6 de septiembre, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) recordó que toda vida humana, “desde la concepción hasta la muerte natural, es digna, independientemente de sus condiciones y eventualidades”.
El comunicado elaborado por la CEM manifiesta que «la concepción y el nacimiento de una nueva vida humana representan un bien cuyo valor es infinito. Su cuidado y protección no es una responsabilidad que concierne solamente a la mujer gestante, sino a la sociedad en su conjunto que no puede lavarse las manos suprimiendo al más débil, la persona naciente, sino que está llamada a generar las condiciones mejores para acoger la vida y no a descartarla».
Por ello, se oponen a cualquier forma de violencia contra la mujer, «tanto de aquellas que se vean orilladas a acudir al aborto a causa del abandono y de la soledad bajo condiciones de omisión, presión o injusticia, y las más vulnerables, aquellas que se encuentran junto con los niños inocentes aún dentro del vientre de sus madres. Hay que ser firmes con la verdad, pero comprensivos con las personas y sus circunstancias».
Normalización de la cultura del descarte
Los obispos de México recordaron que la despenalización del aborto provocado normaliza la cultura del descarte y permite a las autoridades y a la sociedad evadir la responsabilidad de cuidar y proteger toda vida humana.
Por tal motivo, expresaron que «cuanto más débil, indefensa y vulnerable es una persona, más requiere de los esfuerzos solidarios y subsidiarios para su cuidado por parte de la sociedad y del estado. Tal es la condición particular de las personas humanas nacientes y de las mujeres gestantes, en particular aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad a causa de diversas violencias y desventajas sociales».
Declararon que legalizar el aborto provocado significa «el reconocimiento de la impotencia» con el que el Estado y la sociedad dejan sin atender las problemáticas que llevan a las mujeres a considerar el aborto como una solución.
Lamentaron que, en momentos de violencia lacerante dentro del país, la SCJN contribuya a polarizar a la sociedad e infringir otras fracturas en el tejido social, en lugar de velar por la justicia, el derecho y la paz social. Recordaron que la «violencia y la discriminación no se combaten con más violencia y discriminación» y llamaron a construir, entre todos, «soluciones máximamente inclusivas, solidarias y democráticas sin hacer prevalecer a una persona sobre otra. Sería lamentable institucionalizar la violencia contra el débil con la permisión de la ley».
Alternativas que no legalicen una opción que no es moral ni legítima
Respecto a la privación de la libertad que se impone como forma de sancionar el delito, defendieron que esta forma de sanción menosprecia la capacidad de la sociedad y del Estado de lograr una reinserción, acompañamiento e integración de quienes inciden en una falta penal; por ello, consideran que «existen atenuantes para la exención de pena corpórea (privación de la libertad), sin que esto implique la legalización del aborto, ni la negación de su gravedad, ni, menos aún, la reivindicación de su licitud. El aborto provocado nunca será una opción moral, ni legítima».
Ante temas tan relevantes, señalaron que es precisa una cuidadosa reflexión, discernimiento y discusión social, ya que sin ello, «se minan los fundamentos de un Estado democrático de Derecho. La interpretación forzada de los derechos humanos, sin tomar en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales que protegen el derecho a la vida como un derecho universal, es un retroceso jurídico y democrático».
Iglesia Madre y Maestra
La Iglesia, como Madre, «percibe con paciencia y ama para llegar al perdón, pero como Maestra no puede desvirtuar el depósito de la doctrina legado por Dios», expresaron.
Manifestaron que se requiere de «un auxilio solidario y subsidiario a las familias, madres solteras, niños y niñas huérfanas y/o en abandono; de una educación afectiva sexual integral y la búsqueda de ejercicios de paternidad responsables» y reconocieron también que las políticas positivas deben ser promovidas pluralmente para lograr alternativas concretas, posibles y honrosas al aborto provocado.
Nuestra fe nos ayuda mirar con mayor profundidad el drama terrible del aborto y nos urge a proclamar ante todos la grandeza y dignidad de cada hombre, cuya vida es un don de Dios; un don que requiere ser acogido y resguardado en todas sus formas tal y como nos ha enseñado Jesucristo que es Camino, Verdad y Vida».
Aborto en México: marco legal
El otorgamiento de este amparo no despenaliza el aborto a nivel federal, sino que impide la persecución del delito según el Código Penal Federal a las personas que son acompañadas por GIRE. No obstante, en el país ninguna mujer se encuentra en la cárcel por haber abortado.
Esta decisión de la SCJN no obliga al Congreso de la Unión, ni a los congresos locales, a modificar sus leyes en materia de aborto; por ello, el aborto como servicio de salud es ofrecido únicamente en los 12 estados de la República en donde previamente se han promulgado constituciones locales que lo establecen como un derecho.
Fuente: Aleteia
