La dignidad humana no tiene precio, pero parece que para algunos tiene una tarifa de mercado. El reciente Parlamento Abierto convocado por la Diputada Joana Felipe Torres puso sobre la mesa una realidad cruda: la maternidad subrogada no es un “derecho reproductivo”, es una industria voraz que crece al amparo del vacío legal y la vulnerabilidad económica. En este foro, se alzó una advertencia clara: el cuerpo de la mujer no puede ser el nuevo activo de la economía global. Lo que se intenta vender como un acto de “solidaridad” es, en realidad, un esquema de explotación que convierte a los recién nacidos en productos de contrato y a las madres en meras incubadoras.
El mito de la autonomía frente a la realidad de la pobreza
Durante el parlamento, expertas como Valeria González Ruiz del Early Institute fueron contundentes: no existe libertad real cuando la decisión de gestar para un tercero nace de la necesidad. Se habló con letras claras de explotación reproductiva. México se ha convertido en un destino de turismo reproductivo porque hay quienes ven en la precariedad de nuestras mujeres una oportunidad de negocio.
Se expusieron casos desgarradores de niños abandonados cuando el “producto” nace con alguna discapacidad o no cumple con las expectativas del cliente. Esto no es “ampliar derechos”; es deshumanizar el origen de la vida. Como sociedad, debemos entender que el vientre materno puede ser un taller de manufactura bajo pedido.
¿Derecho a tener hijos o privilegio de mercado?
En mi intervención (como representante de Hazte Sentir) durante este foro, cuestioné un punto que los promotores de esta práctica prefieren ignorar: ¿por qué legislar para un capricho que solo puede pagar el 1% de los mexicanos o extranjeros que vienen a usar nuestro país como granja reproductiva? Es una práctica de élites que se ensaña con las mujeres que menos tienen.
La respuesta que recibí por parte de la Maestra Sofía Pérez Romero fue tan absurda como reveladora: argumentó que se debe “democratizar” el acceso a la maternidad subrogada y que, incluso, ¡el Gobierno debería pagarlo! Es decir, pretenden que con los impuestos de todos se financie la cosificación de la mujer y la compra-venta de niños. No es democratización; es la institucionalización de la injusticia. Pérez Romero es una abogada que ya “factura” con la compra-venta de los cuerpos de las mujeres y de los niños, uno de sus argumentos principales es que “gestar no implica maternar”.
La soberanía no se impone, la vida se defiende
El análisis bioético presentado por el maestro Marco Antonio Gracia nos recordó que la maternidad no es una función biológica aislada que se pueda rentar por partes. Es una relación humana total. Intentar fragmentarla mediante un contrato civil es una aberración jurídica y moral
La libertad religiosa y de conciencia no es negociable, y nuestra cultura, profundamente arraigada en el respeto a la madre y a la vida, rechaza que el Estado sea cómplice de convertir la gestación en un servicio comercial. El vacío legal actual no es neutralidad; es el terreno fértil para el abuso.
Conclusión
La conclusión es ineludible. No podemos permitir que México siga siendo el “patio trasero” de las clínicas de reproducción asistida extranjeras. La soberanía no se impone desde el centro ni desde las agendas globales; nace de proteger a nuestros ciudadanos más indefensos.
Es hora de una ley que prohíba tajantemente la explotación reproductiva. La maternidad es una vocación y un vínculo sagrado, no un contrato de servicios. Debemos ser firmes: a favor de la mujer, a favor de la verdadera maternidad y totalmente en contra de que la vida humana tenga un código de barras. La dignidad de nuestras mujeres y el futuro de nuestros niños valen mucho más que los 100 mil millones de dólares que esta industria proyecta facturar. Agradecemos a la Diputada Joanna por la valentía de visibilizar esta problemática y por invitarnos a participar.
